El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, reveló preocupantes denuncias sobre el presunto despojo de tierras a campesinos en el Catatumbo por parte del ELN.

Según el funcionario, existen acusaciones que indican que este grupo armado estaría forzando a los habitantes de la zona a firmar documentos para entregar sus predios, una situación que, de confirmarse, representaría “una grave violación a los derechos humanos”.

“Ayer tuve una amplia conversación con parte del movimiento campesino de esta región y sí hay denuncias muy graves y serias de despojo de tierras por parte del ELN, que tienen que investigar los entes competentes. Son tremendamente graves, porque están literalmente forzando a campesinos a firmar papeles para entregar sus tierras. Eso es un tema muy grave que tendrá que ser investigado por las autoridades de derechos humanos”, indicó en entrevista con Blu Radio.

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Harman comparó esta práctica con las acciones que en el pasado realizaron los grupos paramilitares en la región y señaló que se trata de un problema que ha sido recurrente en el Catatumbo.

No obstante, aclaró que el Gobierno no está comprando tierras a pequeños campesinos, sino que se enfoca en adquisiciones voluntarias de propietarios con extensiones más grandes.

“Fincas para la Paz”: la estrategia para adquirir tierras en el Catatumbo

El director de la Agencia Nacional de Tierras también detalló los avances del programa “Fincas para la Paz”, una iniciativa que busca adquirir predios a través de ofertas voluntarias, con el propósito de destinarlos a proyectos productivos y de protección humanitaria en la región.

“Se han identificado alrededor de 7.000 hectáreas ofertadas por propietarios en la región, con predios que oscilan entre 200 y 500 hectáreas. Estas tierras serían destinadas a organizaciones campesinas para que desarrollen proyectos productivos y puedan ser utilizadas como refugios humanitarios en momentos de crisis”, explicó.

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En ese sentido, Harman aclaró que estas compras se realizan bajo el marco de la Ley de Gestión de Riesgo (Ley 1523), lo que permite agilizar los procesos, en lugar de utilizar la Ley Agraria (Ley 160).

Asimismo, enfatizó que no se trata de expropiaciones, sino de negociaciones con propietarios que han ofrecido voluntariamente sus predios.

El papel del ELN y la preocupación por el control territorial

Uno de los cuestionamientos recurrentes en la discusión sobre la propiedad de la tierra en el Catatumbo, fue la influencia del ELN en la región y la posibilidad de que este grupo armado se haya convertido en un “gran terrateniente”.

Si bien Harman evitó confirmar si el ELN posee tierras en la zona, insistió en que las denuncias sobre despojo deben ser investigadas por la Fiscalía y otras entidades competentes.

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Sobre la distribución de las tierras adquiridas, el director de la Agencia Nacional de Tierras explicó que el objetivo es “fortalecer a las organizaciones campesinas, asegurando que los predios no solo se utilicen para la producción, sino que también sirvan como espacios de protección humanitaria”.

“Queremos que estas tierras sean asignadas a las organizaciones campesinas y que sirvan para generar un fortalecimiento frente a los embates de la violencia”, afirmó.

Formalización de tierras y el potencial productivo del Catatumbo

Otro de los retos en esta región es la alta informalidad en la propiedad de la tierra, un problema que afecta a entre el 65 y el 70% de los predios. Según Harman, el gobierno está trabajando en la formalización y entrega de títulos a campesinos despojados o que aún no tienen certeza jurídica sobre sus tierras.

En cuanto a la productividad, destacó que el Catatumbo tiene un enorme potencial para la producción de alimentos, como arroz, palma, verduras y ganado.

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“El país, transformando el Catatumbo, gana un gran espacio para la producción alimentaria”, aseguró.

Negociaciones por tierras en el Ubérrimo

Por otro lado, Harman se refirió a la negociación en curso para la compra de 200 hectáreas de un predio en el Ubérrimo, ubicado en el municipio de San Carlos y que pertenece al expresidente Álvaro Uribe.

“Vamos avanzando en la negociación y pedimos prudencia hasta que se materialice la compra”, concluyó.